EL SUEÑO DEL REACTOR PROPIO

Los pilotos del Enola Gay, el avión que lanzó la primer bomba atómica sobre Hiroshima, tenían instrucciones precisas de no mirar hacia atrás cuando arrojaran la mortífera arma sobre la ciudad indefensa. Quienes le dieron esta orden sabían de qué hablaban.
A partir de ese momento, la opinión pública mundial no le perdonó a la ciencia que el primer uso efectivo de la energía nuclear haya sido en una bomba atómica: Hiroshima no fue un experimento controlado, sino una acción de guerra.
Cincuenta años atrás, los pioneros de la investigación nuclear tenían una confianza casi religiosa en este tipo de energía, con vistas a un futuro en que el petróleo ya no abundaría.
Three Mile Island en los Estados Unidos, Windscale en Gran Bretaña, Goiania en Brasil, Chernobyl en la ex Unión Soviética –por nombrar sólo los accidentes más notorios-, han dado al traste con ese optimismo original.
El crecimiento económico y tecnológico del país pasa en buena medida por el desarrollo de fuentes de energía seguras. En un planeta donde los recursos naturales no renovables (carbón, gas, petróleo, etc.) están agotándose, deben encontrarse alternativas que no comprometan el destino de las generaciones venideras.
El problema es lo suficientemente importante como para involucrarnos a todos, y requiere de un debate amplio y sereno de todos los actores, que somos los uruguayos todos.
Avanzada la década de los `90 –y con el Mercosur mediante-, fuentes de la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear (Dinaten) han afirmado que en materia energética “el Uruguay va a tener que aportar de alguna manera”.
En septiembre de 1990, el entonces Ministro de Industria, Energía y Minería, Augusto Montesdeoca, sostenía que “es importante explotar los recursos mineros inactivos. No sólo petróleo, sino también la energía atómica”.
Avalando estas palabras, el presidente de la República Luis A. Lacalle, en visita al departamento de Tacuarembó en diciembre de 1991, indicó que la explotación de la energía nuclear “es una técnica que no podemos desechar de antemano, porque este es el verdadero espíritu conservador y retrógrado del que yo no participo”.
Los informantes antes mencionados manifestaron que oficialmente no se estaba llevando a cabo ningún tipo de estudio tendiente a la creación de una planta nuclear en el futuro. Según éstos, los trabajos realizados se vinculaban fundamentalmente con las diferentes aplicaciones que la energía nuclear tiene en la industria, pero nada tenían que ver con su utilización en plantas atómicas.
En su primer discurso en calidad de director de la Dilaten en la actual administración, Walter Cibils aseguró que uno de los objetivos centrales de su gestión sería la utilización de la tecnología nuclear como una herramienta para el país”.
En ese sentido, y respecto a la construcción de una planta de energía nuclear en Uruguay, el titular de esa dependencia dijo que su empleo para el suministro de electricidad es “algo beneficioso”.
Una planta nuclear no se construye de la noche a la mañana, se requieren doce o quince años de trabajo duro y meticuloso. Es necesaria la instrumentación de una serie de estudios técnicos y de factibilidad, que implican entre otras muchas cosas hallar una zona geológicamente apta para su establecimiento, con fáciles vías de acceso y salida. Desde el punto de vista meteorológico, por ejemplo, no puede radicarse en un “pozo”.
Las fuentes de la Dilaten han afirmado que nuestro país podría tener una central nuclear en el entorno del año 2005, a un costo aproximado de 1.200 millones de dólares.
La hipotética construcción de una central nuclear en Paso de los Toros ha levantado no poca polvareda. El costo primario de la misma sería de 900 millones de dólares, contando con 400 por parte de una empresa canadiense, 100 que aportaría UTE y otros 400 millones que se obtendrían por venta de bonos.
Estos cálculos no toman en cuenta otros rubros que constituyen exigencias esenciales de una central nuclear, como lo son el mantenimiento y almacenamiento de los desechos, y el desmantelamiento de la planta una vez cumplida su vida útil, los que sumados alcanzarían la cifra anteriormente citada.
Del desmantelamiento tendría que hacerse cargo el Uruguay, pues la central sería construida con la inversión de un consocio industrial financiero, quien sería propietario de la planta y vendería la energía a UTE, comprometiéndose el ente a comprarla en su totalidad. Al cabo de 30 años –lapso en que culminaría su vida útil- la central sería transferida al Estado.
Los errores y escapes accidentales que se han producido en muchos reactores nucleares de todo el mundo, han causado daños irreparables a los sistemas ecológicos y a la salud de las poblaciones, que no pueden ser cabalmente estimadas en el corto plazo.

Una pileta de residuos

Los informantes expresaron que “la primera ventaja que presentan las usinas de energía nuclear es su bajo costo de operación. El precio del combustible (uranio) es bastante estable, sin comparación con el del petróleo, cuyo valor es mucho más variable. Por otro lado, no se depende de las condiciones climáticas: basta con asegurar una buena refrigeración a la planta.
Manifestaron además que mucha gente afirma erróneamente que las centrales nucleares contaminan el medio ambiente. Estas máquinas no arrojan a la atmósfera ni ceniza ni humo, como es el caso de las plantas térmicas. Los efluentes que generan, como ocurre con toda producción industrial o energética, se pueden compactar fácilmente y ocupan muy poco espacio.
Las centrales nucleares tienen una vida útil promedio de 30 años. El desecho que generan en ese lapso –si no se hiciera nada con él- puede almacenarse en un espacio similar a una pileta de natación grande. Pero constituye una ínfima parte del volumen de combustible necesario para hacer funcionar una planta de carbón o gas-oil.
Los partidarios de la energía nuclear aseveraron que otra ventaja adicional es que el residuo del combustible puede ser tratado químicamente, procedimiento a partir del cual se obtienen materiales para nuevos combustibles. A este proceso se le llama reciclaje y es como si de la ceniza y es como si de la ceniza se pudiera extraer más madera para quemar.
Aquellos añaden que el tema de la disposición final de los residuos está prácticamente resuelto, y que este tipo de recurso requiere muy poca masa para extraer una enorme cantidad de energía, por lo cual no se ha llegado a utilizar tanto uranio como para constituir un volumen inmanejable de desechos.

Ojos que no ven…

Como los formularios y facturas de tantas oficinas públicas, que recomiendan “leer al dorso” para informarnos mejor, echemos un vistazo al lado oculto de esta problemática.
El punto de los residuos tóxicos y la polución por ellos provocada, asoma como de capital importancia. La disposición segura y permanente de los desechos nucleares constituye un problema de difícil solución, cuya entidad nadie niega.
La peligrosidad de dichos residuos es indudable, desde el momento que todavía son pocas las naciones productoras de los mismos que se avienen a almacenarlos en su suelo. Por otra parte, las reglamentaciones vigentes para cumplir con estas operaciones demandan costos elevados y el empleo de una tecnología igualmente cara.
Las denuncias de movimientos ecologistas sobre ofertas para la creación de basureros nucleares en Florida y Fray Bentos, por parte de empresas norteamericanas, parecen no estar mal encaminadas. Medios de prensa uruguayos han informado sobre la compra de campos por extranjeros, donde ha operado maquinaria pesada en el movimiento de tierras, y sobre el traslado de cuadrillas por helicópteros a lugares no precisos del departamento de Flores, donde se cavaron fosas de diez metros de largo por cinco de fondo.
Se supo asimismo que por cada contenedor de basura atómica sepultado, el enterrados recibiría la suma de trescientos mil dólares.
En su edición del 19 de marzo de 1991, el diario El País afirmaba que la irresponsabilidad de algunas empresas que producen energía nuclear, las ha llevado a contratar a agencias poco confiables para que las liberasen de la basura atómica resultante de su actividad. Estas firmas “exportan” los bidones conteniendo los residuos radioactivos (u otros) a países del tercer mundo, poco concientes del enorme riesgo que asumen a cambio de los dólares que tanto necesitan.
En los Estados Unidos se han gastado casi 4 mil millones de dólares en investigación para el depósito de estos residuos, y la fecha de 1988 inicialmente prevista por el gobierno para determinar su lugar de ubicación final, fue pospuesta, por razones políticas, para 1997.
Suscrito por 52 países en 1972, el tratado de Londres autorizó el hundimiento en los mares de basura atómica de escasa o mediana radioactividad. En virtud de este acuerdo, hasta 1983, sólo cuatro países (Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y Suiza) habían sepultado en el llamado “cementerio atómico del Atlántico” unas cien mil toneladas de desechos de bajo y mediano nivel de radiación, a las que han ido agregándose otras 15 mil anualmente. Se estima que las cantidades vertidas por Estados Unidos y Japón fueron superiores.
La polémica llegó hasta las Naciones Unidas, en cuya última conferencia realizada el pasado 22 de septiembre en Ginebra, y a la que asistió el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Juan Chiruchi, se resolvió formalizar la veda a la exportación de desechos tóxicos de las naciones industrializadas a los países en desarrollo.
Este avance histórico puede quedar en la nada si los Estados Unidos, el mayor exportador de estas sustancias y aún pendiente de ratificar el acuerdo, y otras potencias como Canadá, Australia y Nueva Zelanda persisten en su interés de entorpecer la prohibición como denunció la organización Greenpeace.
El vertido de basura atómica es un negocio floreciente que implica contratos por miles de millones de dólares. Durante los últimos 40 años los fabricantes de bomas de los Estados Unidos han estado volcando residuos en los terrenos que sustentan sus fábricas.
Deshacerse en los próximos 20 años de estos materiales costará entre 100 mil y 150 mil millones de dólares, según estimaciones del Servicio Informativo de la Red del Tercer Mundo.
La incertidumbre sobre la disposición final de los residuos nucleares es grande aún. No se sabe cómo reaccionarán dentro de cientos de años las capas geológicas consideradas hoy de gran estabilidad. También se ignora si los grandes movimientos de la corteza terrestre, no traerán algún día a la superficie materiales que se mantienen radioactivos durante miles de años, sin importar dónde y cómo se los deposite. Algunos de éstos son altamente peligrosos por más de 250 mil años.

Deseos no tan ocultos

1979 quizá sea considerado por las organizaciones ambientalistas como el inicio de la pesadilla nuclear en nuestro país. El 19 de julio de ese año en Santiago de Chile se firmó entre los gobiernos dictatoriales chileno y uruguayo, un “acuerdo de cooperación en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear”.
El mismo fue suscrito en el marco de un Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Tecnológica que se remonta al mes de septiembre de 1975 y constaba de diez artículos.
El esbozo legal preveía “la más amplia asistencia en todos los aspectos de la aplicación de la energía nuclear con fines pacíficos”, al tiempo que la referida cooperación se desarrollaría “a través del intercambio de informaciones, de personal, de materiales nucleares y de equipos”.
El canje de informaciones versaría sobre “el desarrollo y la utilización de reactores experimentales y de potencia” y “prospección de minerales de interés nuclear”, entre otros.
En el punto 7 se expresaba que “las partes contratantes facilitarán el suministro recíproco y la venta de materiales nucleares, el arrendamiento de servicio o transferencias de equipos necesarios para la realización de sus programas de desarrollo en el campo de la utilización de la energía atómica para fines pacíficos, quedando estas operaciones (…), sujetas a las disposiciones legales vigentes” de ambos países.
Finalmente, el artículo 10 advertía que el mencionado acuerdo sería “ratificado con las formalidades constitucionales vigentes en cada una de las partes” y entraría en vigor treinta días después del canje de los instrumentos de ratificación. Su duración sería de cinco años, prorrogable por períodos de uno, salvo que una de las partes contratantes lo denunciare (…) con una anticipación de por lo menos seis meses”.
Según el integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Ramón Legnani, este convenio, aprobado un año más tarde por el Consejo de Estado, “abría las puertas para que en Uruguay intervinieran países con tecnología atómica y perseguía el claro propósito de construir una planta nuclear”.
En junio de 1993 ingresó a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales un proyecto de ley, que finalmente no fue aprobado, caratulado como Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con el Gobierno de la República de Chile y llevaba estampadas las firmas de los secretarios de Estado Sergio Abreu y Antonio Mercader.
El primero de sus trece artículos señalaba que los programas y proyectos entre Uruguay y Chile, “considerarán la participación en su ejecución de organismos y entidades de los sectores público y privado, y cuando fuera necesario, de las universidades, organismos de investigación científica y técnica”, entre otras.
El proyecto preveía que las partes contratantes pudieran pactar “Acuerdos Complementarios de Cooperación Técnica y Científica, de acuerdo a las prioridades de ambos países en cuanto a planes y estrategias de desarrollo económico y social”.
Estipulaba además, alcanzar la “realización conjunta de programas de investigación y/o desarrollo, el envío de expertos, la creación y operación de instituciones de investigación, laboratorios o centros de perfeccionamiento”.
Asimismo, el “intercambio de información científica y tecnológica, el desarrollo de actividades conjuntas de cooperación en terceros países”, como así también “cualquiera otra modalidad pactada por las partes contratantes”.
Más adelante, en el artículo quinto, se señalaban como áreas de especial interés mutuo la “planificación y el desarrollo, el medio ambiente y recursos naturales, innovación tecnológica y productiva, energía –donde en opinión de Legnani se incluía la opción nuclear-, minería, agricultura y agroindustria”, etc.

Los archivos X

El presidente de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, José Luis Cogorno, sostiene que mientras el acuerdo de 1979 incluía el “desarrollo y la utilización de reactores nucleares experimentales y de potencia”, así como la “prospección de minerales de interés nuclear”, la redacción del convenio de 1993 “resulta de una amplia vaguedad, (además de) riesgosa para los intereses del país”.
El representante nacional recordó que recientemente, en las comunicaciones internas de la Cámara Baja, un legislador requirió del archivo del cuerpo el proyecto que solicitaba la aprobación del Convenio de Cooperación Técnica y Científica de 1993, lo que a su criterio de la pauta que “el interés por el tema lejos de desaparecer, aún persiste”.
Legnani afirmó que en los últimos años se registró la firma de un convenio similar con Canadá, y en esa ocasión “se nos preguntaba de dónde nosotros sacábamos que detrás de la letra de los documentos estaba la intención de establecer una planta de energía nuclear en territorio uruguayo, cuando en realidad se perseguían fines médicos”.
La energía nuclear no aparece como una buena idea. Lo confirma el hecho que muchos países con centrales nucleares ya instaladas buscan disminuirlas. A vía de ejemplo, los votantes suecos decidieron en 1980 –a través de un referéndum- que los doce reactores nucleares que funcionaban en el país dejarían de producir antes del año 2010.
En Estados Unidos no ha habido nuevos pedidos de construcción de centrales desde 1978. Australia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Portugal y Noruega han adoptado políticas energéticas explícitamente no nucleares, mientras que Grecia abandonó sus planes de construcción.
Por su parte, Austria y Filipinas han decidido desguazar sus plantas, incluso antes de ponerlas en funcionamiento.
Tantos países juntos no deben estar equivocados. Para muchos, el Uruguay entre ellos, la decisión dependerá de las alternativas disponibles si se deja de lado la energía nuclear. Si en un futuro queremos ser un país industrializado, debemos asegurarnos fuentes de energía que apuntalen desde el conocimiento ese ansiado despegue.
Una usina nuclear puede aceptarse en países con déficits de fuentes energéticas, pero en Uruguay no sucede eso. El caso uruguayo es diferente del argentino, por ejemplo, en razón que este país ya tiene prácticamente colmado su potencial hidráulico, por lo cual debe comprarle a Uruguay parte de su cuota de la generación de Salto Grande. El Uruguay posee reservas hídricas aún no explotadas y un potencial eólico de aprovechamiento económicamente rentable.
Nuestro país no carece de fuentes seguras para la generación de energía eléctrica, por lo cual no necesita una planta nuclear que la produzca, con los peligros de vario tipo que ella entraña. Si no la necesitamos para utilizar su capacidad en provecho propio, menos la requeriremos para venderla a terceros países, que se beneficiarán de su producto sin correr los riesgos.

Números radioactivos

“La industria nuclear está en declive”, asegura un documento elaborado por la sección América Latina de Greenpeace. “Solamente países con políticas de corto alcance o con grandes compromisos políticos o militares con la energía nuclear, continúan invirtiendo en ella. Con el paso del tiempo y ante el desarrollo de estrategias energéticas no nucleares, dichos países irán quedando aislados progresivamente. De cara a un siglo veintiuno, con una perspectiva de inversiones en técnicas de aprovechamiento, conservación y renovación energéticos, esos países se encuentran unidos a una herencia nuclear, anticuada y económicamente asfixiante”.
Entre las varias contradicciones de la energía nuclear, el factor económico no se cuenta entre los menores. En los últimos años Australia, Austria, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal, Filipinas y Noruega han adoptado cada uno de ellos políticas energéticas explícitamente no nucleares. En Estados Unidos desde 1978 no se han presentado más solicitudes para erigir nuevas plantas, cuyo costo final ha sido mucho más elevado de lo que las empresas calcularon al ordenarlas.
En esa década, se abandonó el proyecto de construir 105 usinas por no ser rentables. En 1984, la Administración de Información de Energía y el Departamento de Energía de los Estados Unidos, inspeccionó 47 centrales, encontrando que 36 de ellas costaron al menos el doble de lo que se había estimado originalmente, y que 13 de éstas 36 costaron cuatro veces más.


Planta--------------------------Costo estimado------------- Costo real
------------------------------------(millones U$S)----------- --(millones U$S)

St. Lucie (Florida) --------------------------360--------------------1.400
Palo Verde (Arizona) --------------------2.800--------------------6.000
Shoreham (Long Island) -------------------241--------------------4.000
Seabrook (New Hampshire) ---------------973--------------------5.800
Midland (Michigan) -------------------------267--------------------4.400
Vogtle (Georgia) ---------------------------660--------------------6.600



Rodrigo Martínez Riccetto / Gerardo Sosa
Cuadernos de Marcha. No. 109. Noviembre 1995.